La necesidad de intervención judicial es clara y urgente para el pueblo palestino, que continúa siendo ignorado.
El 22 de enero de 2009, inmediatamente después de la Operación Plomo Fundido, el gobierno de Palestina presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) aceptando su jurisdicción “con el fin de identificar, perseguir y juzgar a los autores y cómplices de actos cometidos en el territorio de Palestina desde el 1º de julio de 2002”. Esta declaración le otorga a la CPI jurisdicción para investigar todos los posibles crímenes cometidos en territorio palestino, independientemente de la nacionalidad del perpetrador.
La realidad sobre el terreno demuestra la necesidad clara y urgente de intervención judicial.
Desde el comienzo del proceso de Oslo hace 20 años, los derechos del pueblo palestino han sido continuamente sacrificados en nombre del progreso político. El proceso de paz sacrificó el estado de derecho y los derechos humanos a cambio de alcanzar paz y seguridad. El resultado no ha sido ni paz ni seguridad, sino un deterioro sostenido –y en los últimos años creciente- de la calidad de vida. En Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la expansión de las colonias judías continúa sin pausa, en tanto que elMuro ilegal anexionista crea una situación que contradice flagrantemente tanto el derecho internacional como los propósitos declarados del proceso de paz. En la Franja de Gaza estamos concentrados en tratar de acceder a medicinas, agua, alimentación adecuada y los derechos al trabajo, la educación y la libertad de movimiento.
La vida en Palestina está sujeta a la ley de la selva: los generales y políticos israelíes saben que pueden violar la ley con impunidad, alimentando un círculo continuo de violaciones y sufrimiento. El resultado ha sido un aumento de los crímenes de guerra cometidos contra civiles inocentes. A lo largo y ancho de Palestina estamos luchando por el derecho a la vida, y a vivir con dignidad.
Presión para que no presenten cargos
En este contexto, la posibilidad de hacer rendir cuentas ante la CPI –y digamos claramente que esto representa la posibilidad de que por primera vez la ley sea aplicada con igualdad e imparcialidad para todas las partes- ha sido objeto de manipulación política. Europa y en particular EEUU han tratado sistemáticamente de bloquear cualquier posible intervención de la CPI. En el contexto reciente de la solicitud de Palestina de integrarse a la ONU, The Guardian informó que el Reino Unido estaba condicionando su apoyo a la resolución favorable al Estado palestino a que éste “se abstuviera de solicitar el ingreso a la CPI o a la Corte Internacional de Justicia, que podrían usarse para perseguir crímenes de guerra u otras demandas judiciales contra Israel”. El presidente Mahmoud Abbas informó haber recibido presiones similares de EEUU: “He oído decir a los norteamericanos… dijeron: ‘si ustedes consiguen su Estado, van a ir a la CPI. Y nosotros no queremos que vayan a la CPI’”.
El 3 de abril de 2013, después de una demora de tres años, el entonces Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo emitió una decisión de dos páginas muy criticada rechazando aceptar jurisdicción sobre Palestina, basándose en que la Fiscalía no era competente para decidir si Palestina era un Estado y podía por lo tanto aceptar la jurisdicción de la Corte. Se adujo que esa decisión le correspondía a la ONU, aunque el argumento ignoró el hecho de que en octubre de 2011 –antes de la decisión del Fiscal- Palestina había sido aceptada como estado miembro de la UNESCO. El 29 de noviembre de 2012 la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina como un “Estado no miembro con carácter observador”, despejando así cualquier duda sobre si Palestina puede ser considerada un estado ante la CPI.
Al parecer la Fiscalía de la CPI –aunque estaría facultada para abrir una investigación basándose en la declaración palestina de 2009, todavía vigente- está esperando que Palestina ratifique el Estatuto de la CPI y se convierta así en miembro pleno.
Al Haq y el Centro Palestino para los DDHH están en efecto presionando para que la Autoridad Palestina ratifique el Estatuto de la CPI y otros tratados internacionales. No obstante, la postura actual de la CPI es inaceptable.
Justicia injusta
Va contra el fin y el cometido mismo de la CPI permitir que los estados burlen la rendición de cuentas porque cambiaron de opinión después de activar el mecanismo de jurisdicción de la Corte, ya sea negándose luego a ratificar el Estatuto o ‘retirando’ la referencia inicial. La justicia no puede afirmarse de esta manera.
Es todavía más inaceptable dejar a millones de civiles fuera del alcance de la justicia internacional debido a presiones políticas ejercidas sobre el gobierno, especialmente si se trata de un gobierno bajo ocupación que está en una posición extremadamente débil y que no puede tomar posturas firmes sin el apoyo de la comunidad internacional.
Estas decisiones deben ser tomadas por un órgano judicial de la Corte; delegar una decisión tan importante como la de admisibilidad en los órganos políticos debilita la independencia de la Corte, y en este casodebería aplicarse el artículo 19(3) del Estatuto de Roma[1].
La realidad de la situación en Israel y Palestina necesita urgente intervención. La decisión de la Fiscalía de ‘no decidir’ en abril de 2012 le dio la espalda tanto a la gravedad de la situación como al mandato de la CPI de “poner fin a la impunidad de los perpetradores” de delitos internacionales.
Exhortamos al Fiscal a visitar Palestina, a reunirse con las víctimas y a experimentar la realidad sobre el terreno. Ahora más que nunca es evidente la necesidad de justicia y no de juegos políticos de salón. La justicia no es una mercancía que se puede transar en nombre del progreso político. La CPI no debe hacerse cómplice del fracaso del actual proceso de ‘paz antes que justicia’. Debe honrar su mandato –y las expectativas de las víctimas en todo el mundo- y dar pasos concretos encaminados a poner fin a la impunidad en Israel y Palestina.
[1] N de la T: El inciso establece que el Fiscal podrá solicitar a la Corte que decida sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad.
Raji Sourani, Director del Palestinian Centre for Human Rights, de Gaza.
Shawan Jabarin, Director General de Al-Haq, ONG palestina independiente de DDHH.
Tomado: http://palestinalibre.org
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