Por Pablo Jofré LealEs necesario llevar al régimen israelí a los tribunales internacionales y que le permita responder así de siete décadas de crímenes contra los palestinos.
Desde julio del año 2015, cuando las autoridades palestinas decidieron, acertadamente, adherir al Estatuto de Roma sometiéndose a su jurisdicción, la política interna sionista comenzó a sentir un estremecimiento de terror.
Con cautela en principio, con advertencias desde los servicios de inteligencia y sus representantes exteriores, acompañado de los consejos de sus aliados occidentales, el régimen israelí comenzó a vislumbrar con certeza, que al poco tiempo, los efectos de la decisión de Palestina tendrían resultados positivos, para la necesaria y justa política de llevar al régimen israelí a los tribunales internacionales y que le permitiera responder así de siete décadas de crímenes. El Estatuto de Roma (1) está encima de la cabeza del sionismo y lo que hay que hacer es lograr que sea un instrumento de apoyo, para aplastar esta ideología y su política criminal, de tal forma de generar acciones de justicia frente a décadas de crímenes y violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino y las leyes internacionales.
Es evidente que Israel ha gozado de una impunidad desvergonzada, inaceptable, que le da su vínculo con Washington y los intereses occidentales que defiende en la zona de Asia Occidental, que le permiten llevar a cabo una política genocida, crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Palestina. Recordemos que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles, es decir, que el Estado puede perseguirlos, investigarlos y sancionarlos en todo momento y eso es lo que tiene atemorizado a quienes durante décadas han gozado de todos los privilegios para llevarlos a cabo sin que se ejecuten acciones para detenerlos como es lo esperable al amparo, por ejemplo de la Carta de las Naciones Unidas, las convenciones de Ginebra y otras decisiones que han sido aplicadas a otras entidades pero no al sionismo protegido por Washington y sus aliados.
Desde la fundación artificial del ente israelí, en mayo del año 1948, que implicó el inicio de la Nakba (catástrofe) palestina, la colonización y ocupación de gran parte del territorio de este pueblo de Asia Occidental, esta sociedad palestina ha debido padecer un proceso de expolio de sus tierras, sus acuíferos, sus tierras de labranza, continuas agresiones, guerras, destrucción la invisibilizacion de su propia historia. Soportando un sistema de segregación racial basado en premisas míticas, falsarias, que han significado, por ejemplo, que el sionismo impida el retorno de millones de refugiados, tener acceso a la población palestina refugiada y desplazada a sus derechos de propiedad y ver la manera en que se ha concretado un régimen de apartheid muy similar al régimen sudafricano. Visión que llevó a que la propia ONU, el año 1975, compare el sionismo con el régimen de Pretoria en su resolución número 3379 de diciembre de aquel año (2).
Un régimen infanticida que ha impulsado, incluso a la organización internacional Human Rights Watch (HRW) a sostener, a fines del mes de abril del año 2021, que las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución. La comisión de crímenes de lesa humanidad exige una respuesta que ponga fin a la represión de los palestinos. “El informe de 213 páginas,
A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution (“Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución”), examina el trato que reciben los palestinos por parte de Israel. El informe presenta la realidad actual en la cual una única autoridad, el régimen israelí, ocupa el territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En esta zona, que está poblada por dos grupos de similar tamaño, el régimen israelí favorece metódicamente a los israelíes judíos mientras que reprime a los palestinos, con aún mayor severidad en el territorio ocupado”
(3).
Una información que incluso fue replicada por gran parte de los medios de información chilenos, gran parte de ellos vinculados a posiciones pronorteamericanas y con ello de protección al sionismo y su narrativa plagada de desinformación y manipulación. En el caso de el régimen sionista, sus embajadas y aquellas comunidades judías conformadas por nacionales de los países que habitan estos creyentes (pero que son cajas de resonancia de las políticas israelíes) la idea fuerza repetida, permanentemente es denunciar el informe y acusar a HRW con sede en Nueva York, de tener “una agenda antisraelí”.
Palestina ha pagado culpas ajenas, aquellas de las sociedades europeas, que permitieron el surgimiento y desarrollo de regímenes que llevaron a la muerte a millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial y frente a lo cual ha sido Palestina, su pueblo y con ello la hipoteca de su futuro quien ha tenido que pagar los costos en todos los ámbitos de su vida, sin tener absolutamente nada que ver con favorecer a extranjeros, beneficiados en función de esa crisis de conciencia occidental. Las sociedades de nuestro planeta tienen una deuda de magnitud con el pueblo palestino y uno de los mecanismos de pago va por el camino de logros de justicia que conduzcan, finalmente, no sólo a enjuiciar a la casta política, empresarial y militar sionista, sino lograr la plena autodeterminación Palestina. Un trabajo de gran profundidad, elaborado por un analista cuya familia precisamente sufrió los rigores del nacionalsocialismo, el estadounidense Norman Finkelstein, en su libro “la industria del Holocausto” nos permite analizar, medularmente, como Palestina ha sufrido lo indecible en beneficio de concretar la conformación de una sociedad de extranjeros en suelo del Levante Mediterráneo.
Finkelstein, cuyos padres fueron prisioneros en los campos de concentración de Majdanek y Auschwitz y que en virtud de sus críticas ha sido segregado y calificado como un “judío que odia a los judíos”. Pero, cuyo rigor investigativo no se puede ocultar pues, basándose en una gran cantidad de fuentes, que hasta el momento de la salida de su libro no habían sido estudiadas o al menos no mencionadas públicamente, Finkelstein ha denunciado “la doble extorsión a la que los grupos de presión judíos han sometido a los gobiernos de Suiza y Alemania y a los legítimos reclamantes europeos de creencia judía del Holocausto”. Denuncia gravísima, no desmentida por los líderes sionistas, enriquecidos en base al robo de las propias políticas de reparaciones, para los que consideraban “víctimas” del nacionalsocialismo. Fondos de indemnización que no han sido utilizados en su mayor parte para ayudar a los supervivientes del Holocausto, sino para mantener en funcionamiento la industria del Holocausto (4).
La instalación de una sociedad de colonos extranjeros en Palestina, autodenominados israelíes, desde el año 1948 a la fecha, ha significado también la consolidación de un sistema político, que en general en mis artículos y opiniones denomino con una serie de características, que asimilan a este régimen a aquel que se supone generó millones de víctimas, entre ellas seres humanos europeos de creencia judía en Europa. No olvidemos que el régimen del Tercer Reich fue responsable también de la muerte de 25 millones de ciudadanos soviéticos, medio millón de gitanos, decenas de miles personas con deficiencias mentales, opositores políticos alemanes y de los países ocupados.
Israel es un régimen nacionalsionista, que replica políticas de dominio como es la construcción de un muro, que ha permitido la creación de dos grandes guetos como son Cisjordania y la Franja de Gaza. Una réplica de la Varsovia ocupada por el nazismo, campos de concentración considerados hoy los más grandes del mundo. Un régimen como el israelí, que ha propiciado la instalación de 650 mil colonos extranjeros (entre ellos un 10 % de origen estadounidense) en Cisjordania, en asentamientos que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (violatorios del IV Convenio de Ginebra) , generando, de hecho la imposibilidad de confirmar un Estado palestino autodeterminado y cuya afirmación tiene su fundamento en el espurio y falso llamado “plan del siglo” impulsado bajo el extinto gobierno estadounidense del expresidente Donald Trump y el régimen israelí del procesado Benjamín Netanyahu, que a pesar de sus delitos ha sido llamado a conformar un nuevo ejecutivo (5).
El sionismo a juicio
Sometida a la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, Palestina puede llevar al régimen que la ocupa a responder de los actos violatorios del derecho internacional y eso implica tensionar positivamente una política, que ha significado cesión tras cesión de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a los anhelos de autodeterminación de su pueblo, la división política interna, coordinación de aspectos seguridad inaceptables con el ocupante, altos niveles de corrupción y la pérdida de visón de futuro donde el centro sea la autodeterminación. El llevar a Israel a que responda de sus crímenes permite centrarse en aspectos importantes pues es básico, necesario, central, que el victimario responda de sus crímenes, sobre todo cuando el derecho internacional otorga la razón a las demandas y derechos palestinos. Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), pues no considera a Palestina un Estado internacionalmente reconocido, cuestión claramente irracional pues son 140 los países de un total de 192 que conforman la ONU, que reconocen a Palestina y desmienten una más de las mentiras y falacias sionistas.
Recordemos que en diciembre del año 2019, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, solicitó al Tribunal Penal Internacional que se diese curso a una investigación por crímenes de guerra cometidos por Israel contra el pueblo palestino, en dos vías: las guerras de agresión contra Gaza del año 2014, que generó 3500 asesinatos, miles de heridos y la destrucción del 80% de la infraestructura sanitaria, industrial, de servicios básicos de Gaza, unido a los crímenes también signados en Cisjordania y Al-Quds Este. En este marco de acción delictiva se incluye las actividades de cientos de francotiradores sionistas, que entre marzo del año 2018 y gran parte del año 2019 generaron, desde la frontera artificial entre Gaza y la Palestina histórica ocupada, al menos medio millar de asesinados por disparos efectuados por tropas israelíes.
Francotiradores que desde pasiones ventajosas disparaban al tiro al blanco contra la población gazatí que cada viernes se manifestaba en aquel territorio. Las órdenes de asesinatos provinieron directamente del estado mayor del ejército Ocupante y el régimen de Netanyahu, con pleno apoyo de la casta política israelí incluyendo al actual viceministro y ministro de guerra Benny Gantz, que deberá responder de estos crímenes de guerra y su mando frente a la agresión del año 2914 contra Gaza. Lo señalado se unirá a la línea investiga respecto a la incontenible construcción de asentamientos con colonos extremistas en Cisjordania en clara violación al mencionado IV Convenio de Ginebra y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
La valiente, pero lógica decisión de Bensouda, significó recibir una serie de sanciones del exgobierno de Donald Trump, que han sido levantadas por la actual Administración demócrata, presidida por Joe Biden. Esto, a pesar que Estados Unidos tampoco, al igual que su hijo putativo se ha adherido a la jurisdicción penal de la Corte Penal Internacional de La Haya. Tras el próximo retiro de Bensouda como fiscal de la CPI el británico Karim Khan asumirá su papel a mediados de este año 2021 (6) en una fundamental misión teniendo claro “que existe una enorme desconfianza hacia este organismo internacional —como lo sostiene el también fiscal, el español Carlos Castresana (7) internacional por la falta de resultado—”. Y esto, no sólo cuando nos referimos a los crímenes del sionismo contra Palestina, sino también las investigaciones estériles o aquellas que jamás se han llevado a cabo y que involucran, por ejemplo, las tomadas vía informes falsos que posibilitaron la toma de decisiones para atacar países como Siria, Afganistán, Irak, Libia, entre otros, y que el llamado Informe Chilcot denunció en toda su dimensión (8).
Existen diferencias entre crímenes de guerra y lesa humanidad pero ambos han sido cometidos por el régimen sionista contra el pueblo palestino. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra tienen únicamente lugar en situaciones de conflicto armado a la luz del DIH. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio pueden ocurrir en cualquier tiempo, sea de paz o de guerra. https://www.hrw.org/es/news/2021/04/27/las-practicas-abusivas-de-israel-constituyen-crimenes-de-apartheid-y-persecucion
El nuevo fiscal general, según detalló la Corte Penal Internacional, será el tercero en ocupar el cargo en la historia del organismo con sede en la Haya (Países Bajos), después de Bensouda y de Luis Moreno, que ocupó ese rol de 2003 a 2012. Khan tomará posesión a mediados de año, cuando el mandato de nueve años de Bensouda expira, y tras un proceso de selección con voto secreto y dos rondas al que se habían presentado tres candidatos más: el español Carlos Castresana, que obtuvo 5 votos; el irlandés Fergal Gaynor, con 42 y el italiano Francesco Lo Voi, con 3. https://www.dw.com/es/brit%C3%A1nico-karim-khan-nuevo-fiscal-general-de-la-corte-penal-internacional/a-56556393
