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| Un edificio palestino es demolido, este lunes en Wadi Humus. MUSSA QAWASMA REUTERS |
Los mapas parecen haberse vuelto locos con la ocupación en Wadi Humus, el valle de la pasta de garbanzos. Este confín de Sur Baher, un barrio periférico de Jerusalén Este, no está oficialmente adscrito al término municipal de la ciudad, en la que sin embargo están empadronados sus 6.000 habitantes. La barrera de separación erigida por el Ejército en esta tierra de nadie, situó a esta vaguada con aire de favela del lado israelí de los muros y vallas, pero buena parte de sus tierras pertenecen a la Autoridad Palestina.
Extraviado en la cartografía del conflicto, al camionero de 42 años Ismail Obeidi ya no le quedaban lágrimas al mediodía de este lunes. Más de 900 soldados y policías de fronteras de las fuerzas israelíes se habían desplegado de madrugada en Sur Baher en la operación que le desalojó de la casa –la licencia de construcción se la concedió el Gobierno palestino en 2004– en la que vivía con su mujer y sus seis hijos. “Me costó 1,2 millones de shequels (300.000 euros) y el trabajo de 10 años, pero sobre todo me han quitado el sueño de mi vida”, lamenta. “Ahora tendré que pagar además el coste de la demolición; es la ley de Israel”.
Un hombre palestino se lamenta por la demolición de su casa por parte de fuerzas israelíes el 22 de julio de 2019. IVÁN RIVERA
Las excavadoras echaron abajo su casa unifamiliar en una ladera próxima a la barrera de separación construida por Israel, que en Wadi Humus consiste en una doble valla en los flancos de una carretera patrullada por el Ejército. Junto a los escombros de lo que fue el hogar de Obeidi, una unidad de artificieros colocó cargas explosivas en una torre inacabada de 10 pisos de altura que estaba previsto dinamitar horas más tarde.
Las demoliciones de esta barriada palestinas afectaron a 13 edificios en total, que incluyen 70 viviendas en distinto estado de construcción. La policía de fronteras desahució a 17 personas, entre ellos 11 menores, así como a una docena de activistas occidentales que les acompañaban en una acción de solidaridad no violenta.
En una de las mayores operaciones de derribo de construcciones palestinas desde el inicio de la ocupación en 1967, las autoridades israelíes declararon la zona bajo jurisdicción militar y bloquearon con retenes de agentes y soldados todos los accesos para impedir la presencia de la prensa y de observadores. Después de sortear distintos puestos de control, patrullas móviles y atravesar un olivar donde pastaban caballos, EL PAÍS pudo conversar en Wadi Humus con el barcelonés Iván Rivera, un activista propalestino de 30 años que permaneció con la familia Obeidi en su vivienda hasta su expulsión.
“Los policías de fronteras irrumpieron sobre las cuatro de la madrugada (las tres en la España peninsular, la una GMT) y expulsaron los vecinos”, recuerda. “Varios activistas nos habíamos encadenado, pero rompieron los eslabones y nos echaron. A mí me dieron un culatazo en la cara”, asegura mientras muestra una herida en el pómulo derecho.
Israel considera ilegales las construcciones que no han recibido licencia del Ayuntamiento de Jerusalén, que raramente concede permisos de obra en la parte oriental de la ciudad —ocupada en 1967 y anexionada en 1980—, donde se agrupan los 300.000 palestinos que representan casa una tercera parte de la población de la ciudad. El Ejército ha vetado que se edifique a menos de 300 metros de la barrera de separación.
El ministro de Seguridad, Gilad Erdan, se escudó en el fallo del Tribunal Supremo de Israel del pasado mes de junio que ratificaba la validez legal de las demoliciones. “Estas estructuras constituyen un riesgo para la vida de civiles y de las fuerzas de seguridad, ya que pueden servir para ocultar a terroristas”, enfatizó el responsable policial en el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Mustafá Hamada vive en el barrio afectado por las demoliciones, muy cerca de la barrera de separación que Israel construyó a partir de 2004 y que dejó algunas zonas de Cisjordania bajo control de Israel. Una decena de agentes de la policía de frontera estaban destacados a las puertas de su casa. “Hace 15 años querían construir el muro entre Wadi Humus y Sur Baher, lo que nos hubiera dejado aislados de Jerusalén, donde casi todos tenemos nuestro medio de vida. Nuestras protestas lograron modificar el trazado”, explica este técnico ascensorista de 34 años.
Fuerzas israelíes desalojan a una familia palestina cuya casa será demolida durante la madrugada del 22 de julio de 2019.
Desde la terraza de su casa se observan las vallas y la carretera militar de Israel que le separan ahora del área A de Cisjordania en torno a la ciudad de Belén, territorio bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina. A apenas 20 metros colina abajo era visible una de las viviendas unifamiliares adyacentes a la valla demolidas en la madrugada anterior. La vivienda de Hamada, que tampoco cuenta con licencia, puede ser una de las próxima en recibir la visita de las excavadoras. Muchos palestinos temen ahora que el precedente sentado por el Supremo israelí en Wadi Humus se extienda a decenas de miles de construcciones asentadas a lo largo de los 720 kilómetros de la barrera de separación, de los que se han erigido unas dos terceras partes.
“La demoliciones de Sur Baher representan un crimen de guerra, una limpieza étnica que debe ser investigada por la fiscalía de la Corte Penal Internacional”, denunció la veterana dirigente palestina Hanan Ashrawui. “Israel expulsa de sus casas a cientos de palestinos de Jerusalén para expandir su régimen colonial de asentamientos ilegales”, aseguró la integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shtayeh, dijo a su vez que la actuación israelí viola la legislación internacional al afectar a áreas que están bajo control palestino.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Israel ha demolido durante el primer semestre de este año 141 construcciones, entre ellas 63 viviendas, frente a las 113 derribadas en el mismo periodo de 2018. La operación de Wadi Humus viene a disparar ahora la estadística del organismo internacional.
La Unión Europea lleva semanas criticando el plan de demolición. Una veintena de diplomáticos de países en europeos acudieron el pasado 16 de julio al barrio de Sur Baher como muestra de solidaridad con los afectados por la amenaza de las demoliciones. Desde Bruselas, la UE ha pedido que se detengan los derribos de viviendas en Wadi Humus, en el Área A de Cisjordania, informa Efe. “La política de asentamientos de Israel, incluidas acciones emprendidas como traslados forzosos, desalojos, demoliciones y confiscaciones de viviendas, es ilegal de acuerdo con el derecho internacional”, afirmó en un comunicado la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, para expresar su “profunda preocupación por lo ocurrido”.
Israel, que movilizó a 200 soldados y 700 policías para desalojar a 17 civiles palestinos de sus casas y echar abajo 70 viviendas, se ha limitado a aplicar un fallo del Tribunal Supremo sobre un territorio ocupado desde hace más de medio siglo y en una zona a la que reconoció autogobierno palestino exclusivo 25 años atrás.
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