El “Consejo de la Paz” de Trump transforma la reconstrucción de Gaza en un proyecto político y económico que margina a la ONU, excluye a los palestinos y prioriza intereses inmobiliarios.
Por: Juan Alberto Sánchez Marín
El «Consejo de la Paz» de Donald Trump no busca pacificar Gaza: privatiza la diplomacia, secuestra una resolución de la ONU y convierte el genocidio palestino en un negocio inmobiliario de lujo. Este análisis desmonta la arquitectura jurídica, financiera e ideológica de un proyecto que sustituye el multilateralismo por la autocracia personal y la solidaridad internacional por un peaje de mil millones de dólares.
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A finales de julio de este 2026, el gabinete de seguridad político-militar de Israel aprobó el ingreso limitado de la Fuerza Internacional de Estabilización a Gaza, marcando el inicio operativo de los llamados «proyectos piloto» del autodenominado «Consejo de la Paz» (Board of Peace, BoP).
Conviene distinguir, sin embargo, entre el despliegue armado de la llamada Fuerza Internacional de Estabilización —que sí ha comenzado a operar en el terreno— y los órganos de gobernanza civil del Consejo, cuyos comités permanecen, como se detalla más adelante, fuera de Gaza.
Este movimiento, concebido a raíz del plan diplomático de 20 puntos de la Casa Blanca y lanzado formalmente en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, fue promocionado por el aparato de propaganda de la administración de Donald Trump como el primer paso hacia la pacificación. Sin embargo, deja en evidencia una realidad irrefutable: la arquitectura de las relaciones internacionales y el derecho humanitario se encuentran bajo uno de los asedios más severos de la historia contemporánea.
El 17 de noviembre de 2025, la
Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU [1] acogió su creación para coordinar el despliegue de dicha fuerza multilateral, tal como lo documentó
Chatham House [2]. Sin embargo, al dar sus primeros pasos sobre los escombros palestinos, el Consejo ha revelado con rapidez su verdadera naturaleza.
Lejos de constituir un esfuerzo multilateral para el alivio humanitario, los analistas y expertos internacionales coinciden en que la iniciativa refleja, casi en su totalidad, las ambiciones personales, políticas y financieras de Trump. Las necesidades objetivas de la seguridad internacional son subordinadas a una agenda de lucro corporativo y control territorial.
El secuestro de la Resolución 2803 y la autocracia diplomática
La primera gran fractura de este proyecto con la legalidad internacional radica en su génesis jurídica. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2803 en noviembre de 2025 para delimitar el mandato de una fuerza multilateral, la Carta Constitutiva del «Consejo de la Paz» redactada por Washington operó un secuestro institucional.
La paradoja es máxima: una fuerza con un mandato de estabilización avalado por la ONU, se ha puesto al servicio de un plan de desarrollo inmobiliario gestionado por un consorcio privado, desnaturalizando por completo su propósito humanitario original.
Según un análisis del
Institute for National Security Studies (INSS) [3], el documento omitió cualquier referencia específica a Gaza o a la propia resolución de Naciones Unidas, autonombrando a la plataforma como un ente permanente para la resolución de disputas al margen del derecho internacional.
Esta maniobra encubre una estructura de gobernanza profundamente personalista. Los estatutos designan a Donald Trump como presidente inaugural (Chairman) en su capacidad individual, sin fijar límite de mandato ni mecanismo de sucesión automática.
Según un funcionario estadounidense citado por ABC News, «la presidencia puede ser ejercida por Trump hasta que renuncie a ella». En la práctica, esto le otorga un control indefinido —potencialmente vitalicio— sobre la toma de decisiones, la asignación de fondos y los nombramientos directivos.
Más alarmante aún es el hecho de que la entidad no está subordinada al Estado estadounidense; un eventual sucesor en la Casa Blanca no asumiría la dirección del Consejo, e incluso, Trump cuenta con poder de veto sobre cualquier nombramiento futuro y la potestad unilateral de disolver el organismo. Es la privatización definitiva de la diplomacia: la política exterior como patrimonio personal.
Según el informe de Bruce Jones para
Brookings Institution [4], esta arquitectura institucional no es casual. En sus informes, advierten que el lanzamiento de la plataforma coincidió con las medidas caóticas y motivadas por el interés personal de Trump. Los expertos del think tank concluyen que no existe una voluntad real de reforma del sistema de la ONU, sino el intento de erigir un feudo político que garantice al mandatario una cuota de influencia geopolítica y de poder permanente.
De este modo, Trump aseguraría su legado autocrático mucho después de abandonar el Despacho Oval. Se trata de la sustitución de la diplomacia colectiva por el insostenible modelo de «un líder, un club».
La «Riviera de Oriente Medio»: Mercantilización sobre los escombros
Si la estructura legal del Consejo es reprobable, su fundamento económico y moral raya en la obscenidad. El modelo de financiación del proyecto instaura una lógica poco habitual, incluso para los estándares de la diplomacia transaccional, en la esfera pública global: una diplomacia de peaje.
La participación de los Estados soberanos está condicionada a una invitación directa del presidente y al pago de un exorbitante canon de al menos 1000 millones de dólares para asegurar un asiento permanente, tal como reveló
PBS NewsHour [5].
La Casa Blanca ha rechazado esta lectura: ante la primera filtración del monto, un vocero calificó la información de «engañosa» y afirmó que no existe una cuota mínima obligatoria, sino un mecanismo que «ofrece membresía permanente a países que demuestren un compromiso profundo con la paz, la seguridad y la prosperidad».
Sin embargo, el propio borrador de la carta —confirmado después por fuentes oficiales a PBS y NPR— fija ese monto como condición explícita para la membresía permanente, lo que sugiere que el desmentido inicial buscaba, sobre todo, contener el daño reputacional.
El destino de estos fondos es el epicentro de las críticas más feroces. El Consejo clama haber asegurado 7.000 millones de dólares de fondos internacionales y 10.000 millones adicionales de Estados Unidos, pero el canal de distribución es deliberadamente opaco.
Según reveló el
Financial Times en mayo de 2026, en un articulo reproducido por The Irish Times [6], citando a cuatro fuentes con conocimiento directo del fondo, el mecanismo administrado por el Banco Mundial y avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU no ha recibido un solo dólar de los 17.000 millones prometidos: «cero dólares han sido depositados», según una de esas fuentes.
En su lugar, las contribuciones se canalizan a través de una cuenta privada que el Consejo mantiene en JPMorgan Chase —un mecanismo que, a diferencia del fondo del Banco Mundial, no está sujeto a ningún requisito independiente de transparencia ni de rendición de cuentas ante los países contribuyentes—. Un funcionario del propio Consejo admitió ante el FT que «los contribuyentes han optado por usar otras vías», sin explicar por qué se evitó el canal supervisado por la ONU.
En este entramado destaca la figura de Jared Kushner, yerno de Trump, quien a través de su firma de capital privado, Affinity Partners, —financiada en buena parte por fondos soberanos del Golfo—, opera como el principal conducto de estas inversiones millonarias, según detalla la investigación de
Responsible Statecraft [7]. La finalidad soterrada de este flujo de capital no es el desarrollo humano.
Hace más de un año, a través de su red social
Truth Social [8], Trump publicó un perturbador video generado por inteligencia artificial, presentándose con un aura mesiánica bajo el lema: "Donald is coming to set you free" (Donald viene a liberarte). ¿En qué consiste esta liberación? En transformar un territorio arrasado por las bombas estadounidenses e israelíes en la «Riviera de Oriente Medio».
El proyecto desvelado por medios como
CBC News [9] expone la construcción de 200 hoteles de lujo, posibles islas artificiales y desarrollos inmobiliarios de cara al mar Mediterráneo. Como advierte tajantemente Khalil Jashan, director ejecutivo del
Arab Center Washington DC [10], resulta perverso y moralmente inaceptable proyectar condominios de superlujo sobre las fosas comunes de decenas de miles de gazatíes.
Mientras se planifica un paraíso corporativo, la población palestina sobreviviente se encuentra sumida en la hambruna y la miseria absoluta, con un ingreso promedio que no supera los 500 o 600 dólares anuales. El Consejo de la Paz es, a todas luces, una brutal maquinaria de lucro para la familia Trump y sus élites corporativas allegadas, construida, en sentido literal, sobre las fosas comunes del pueblo palestino.
El entramado sionista: Kushner, Witkoff y la agenda de anexión de Netanyahu
El análisis de esta arquitectura corporativa quedaría incompleto sin abordar su motor ideológico: la convergencia del «Consejo de la Paz» con la agenda del sionismo político y empresarial.
Para el gobierno de Benjamin Netanyahu, este proyecto no representa una imposición estadounidense, sino una victoria estratégica incalculable y una extensión de sus objetivos de anexión.
Al tercerizar la administración civil y la «reconstrucción» de Gaza a un consorcio internacional de carácter privado, Tel Aviv logra una meta histórica: mantener el control territorial y de seguridad sobre la Franja, lavándose las manos frente a la carga legal, demográfica y humanitaria de la población ocupada.
La ejecución de esta agenda descansa sobre dos pilares fundamentales del círculo íntimo de Trump, ambos vinculados a las redes de financiación política proisraelí que sostienen al ala pro-Netanyahu del Partido Republicano.
Por un lado, Jared Kushner funge como el arquitecto estratégico y económico del plan. Tal como documentan las investigaciones en Responsible Statecraft [7] sobre la naturaleza de estos flujos corporativos, Kushner retoma la doctrina transaccional de sus Acuerdos de Abraham, buscando sustituir los derechos políticos, históricos y de autodeterminación del pueblo palestino por la promesa vacía de una «paz económica» mercantilizada.
Por otro lado, la materialización del proyecto recae en Steve Witkoff. Lejos de ser un diplomático tradicional, este magnate inmobiliario asume el rol de negociador principal y ejecutor clave sobre el terreno. Mientras Kushner diseña la estrategia desde los despachos financieros, Witkoff es el encargado de la diplomacia directa y la aplicación de presión sobre los líderes regionales árabes.
Su trayectoria como negociador cercano al gobierno de Netanyahu y su papel como enviado especial de Trump para Oriente Medio (Special Envoy for Middle East Issues) explican por qué cada decisión operativa del Consejo tiende a alinearse y a blindar los objetivos de expansión territorial del régimen israelí.
En conjunto, como advierten analistas en
Foreign Policy in Focus (FPIF) [11] al catalogar el plan como un modelo de subyugación colonial permanente, la dupla Kushner-Witkoff consolida un esquema donde la supuesta reconstrucción opera como el golpe de gracia a la solución de los dos Estados.
Una jerarquía sin voz palestina
La naturaleza distópica de la autodenominada "Riviera" tiene su correlato exacto en el diseño jerárquico del organismo, el cual consolida un modelo que analistas describen como un apartheid burocrático. El «Consejo de la Paz» está operado por comités estructurados para garantizar que el capital extranjero y los intereses imperiales mantengan el dominio absoluto sobre el territorio.
En la cúspide piramidal se sitúa el Comité Ejecutivo, presidido por Trump e integrado por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff, Jared Kushner, el expresidente de gobierno británico Tony Blair, el presidente del Banco Mundial Ajay Banga y representantes de los mediadores regionales Catar, Egipto y Turquía. Ninguno de sus miembros es palestino.
En el siguiente nivel jerárquico se encuentra la «Junta Ejecutiva de Gaza», responsable teórica de los lineamientos estratégicos de reconstrucción; de nuevo, no cuenta con un solo representante palestino.
Es únicamente en la base, desprovistos de autoridad real y poder de veto, donde se ubica a la «Administración Nacional de Gaza», integrada por tecnócratas locales. A pesar de ser los únicos con experiencia legítima sobre el terreno, se les ha impuesto un mandato sobre el cual no tuvieron voz ni voto.
Como señala la analista Julie Norman, este modelo refleja una visión de Gaza impuesta desde el exterior, tratando a la Franja no como a una sociedad con derecho a la autodeterminación, sino como un "patio de recreo para inversiones" (investment playground).
Es un esquema de colonización moderna avalado por una red conceptual corporativa, denunciado incluso por académicos en el
European Journal of International Law (EJIL:Talk!) [12], donde el futuro de una nación se decide en las salas de juntas corporativas de Occidente.
El espejismo operativo y el exilio burocrático en Egipto
A pesar del colosal despliegue propagandístico y mediático, la realidad sobre el terreno desnuda la inviabilidad del proyecto. El poder fáctico de este «Consejo de la Paz» es un espejismo.
Hani Mustafa, investigador invitado del
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) [13], ha expuesto una paradoja humillante: la entidad carece de capacidad operativa y sus comités de gobernanza civil, encargados de diseñar el futuro de Palestina, ni siquiera han podido poner un pie físicamente en Gaza. Obligados a operar desde el exilio burocrático en Egipto, el Consejo evidencia su desconexión total con la realidad material del conflicto.
El proyecto integral de reconstrucción se encuentra paralizado. Ante la imposibilidad de avanzar, el organismo se ha visto forzado a reducir sus operaciones a "proyectos piloto" de campamentos protegidos por una Fuerza Internacional de Estabilización, cuyo controvertido ingreso fue reseñado por la
Foundation for Defense of Democracies (FDD) [14].
A la parálisis administrativa se contrapone, sin embargo, un dato revelador sobre las verdaderas prioridades del proyecto: mientras el plan integral de reconstrucción civil permanece congelado, el primer contrato de construcción efectivamente firmado por el Consejo no es para viviendas, hospitales ni infraestructura civil, sino para un puesto militar.
Según reveló The Guardian, documentos de contratación filtrados
en febrero de 2026 [15] ya anticipaban una base de 350 acres con capacidad para 5.000 efectivos de la Fuerza Internacional de Estabilización, construida sobre territorio de Gaza actualmente bajo control israelí.
Esa previsión se materializó
el 6 de agosto de 2026 [16], cuando el Consejo adjudicó el contrato a la firma estadounidense Arkel International —con antecedentes de obras para el gobierno de EE. UU. en Irak— para levantar un primer puesto de avanzada destinado a 150 soldados marroquíes, ubicado a apenas 1,5 kilómetros de la frontera israelí, explícitamente concebido como la fase inicial de esa base mayor.
El propio Consejo confirmó a The Guardian que se encuentra en "las etapas finales" de adjudicación de varios contratos más, ninguno de ellos de reconstrucción civil. El mensaje es elocuente: el primer ladrillo que el Consejo de la Paz coloca en Gaza, no es para alojar a una familia desplazada, sino para alojar tropas.
Varias ONG internacionales han hecho sonar las alarmas al respecto. Para organizaciones como
DAWN (Democracy for the Arab World Now) [17], este movimiento es un claro mecanismo para facilitar un control territorial no convencional.
En la práctica, esto se traduce en el despojo sistemático de propiedades palestinas sin compensación alguna, acentuando la subyugación advertida por FPIF. Al respecto, Omar Shakir, director de DAWN, denunció que el esquema blinda a sus ejecutores con total inmunidad procesal ante posibles crímenes de guerra.
La doble moral de los mediadores árabes
La creación del Consejo no solo ha revelado las ambiciones personales de su artífice, sino que ha servido como un catalizador para exponer la flagrante hipocresía de la comunidad internacional. Al menos 27 países han formalizado su compromiso de unirse a esta plataforma de especulación inmobiliaria y control geopolítico.
En este listado destaca el oportunismo y la doble moral de naciones como Egipto, Turquía y Arabia Saudí. Durante décadas, estos Estados han articulado un discurso público de hermandad, defensa del Islam y solidaridad inquebrantable con la causa palestina.
No obstante, a la hora de la verdad, han claudicado ante la presión, desembolsando sumas multimillonarias para sentarse en la misma mesa directiva que Israel y gobiernos de extrema derecha como el de Hungría. Esta participación es una traición histórica que legitima el despojo territorial de Gaza.
Si bien estos gobiernos podrían argumentar que su presencia busca mitigar los aspectos más lesivos del plan desde dentro, su membresía activa no ha logrado modificar la naturaleza colonial del proyecto. Al contrario, le han otorgado un barniz de legitimidad internacional que de otra forma no habría tenido, validando un modelo que excluye de raíz la voz palestina. La complicidad, aunque se vista de pragmatismo, sigue siendo complicidad.
En un giro diplomático bastante revelador, el rechazo más contundente dentro de la esfera de influencia de Washington ha provenido de sus propios aliados históricos. Potencias de la OTAN como Francia y el Reino Unido han expresado dudas y reservas sobre esta estructura, sin sumarse a ella. Las críticas en Europa son lapidarias.
El reporte de la
Conferencia de Seguridad de Múnich de 2026 (Munich Security Report: Under Destruction) [18] sitúa a Donald Trump al mismo nivel que aquellos líderes autocráticos que redefinen el papel de su país en el mundo a partir de una visión estrecha y marcadamente personal de los intereses nacionales.
Para The Guardian [19], que accedió a filtraciones internas, el «Consejo de la Paz» es poco más que el "feudo de Trump", una "corte imperial" y un "proyecto de vanidad" diseñado para satisfacer la obsesión del mandatario por obtener el Premio Nobel de la Paz, mientras socava activamente el derecho internacional y la arquitectura de la ONU.
El muro de la multipolaridad: La resistencia del Sur Global
Frente al modelo de diplomacia transaccional de Trump, el mundo multipolar ha erigido un muro de contención. En un contexto donde la comunidad internacional exige mayor democratización de los espacios de poder, el enfoque de «un líder, un club» resulta anacrónico e inaceptable.
El bloque de los BRICS+ ha respondido con un escepticismo casi unánime hacia la arquitectura actual del Consejo, aunque con matices tácticos. China se abstuvo (no votó en contra) en la Resolución 2803 y ha insistido en que cualquier mecanismo de paz debe subordinarse al marco institucional y legal del Consejo de Seguridad de la ONU, una postura reafirmada durante los contactos bilaterales con Brasil
reseñados por la Agencia Anadolu [20].
La Federación de Rusia, por su parte, ha advertido que el Board of Peace no es más que una burda maniobra diseñada para marginar las resoluciones multilaterales y someter la resolución de conflictos a los designios individuales de la presidencia estadounidense.
En América Latina, el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido una de las voces críticas más firmes. Brasilia ha condicionado cualquier acercamiento al Consejo a que este limite su mandato a Gaza y otorgue un asiento a Palestina —una exigencia que, en la práctica, funciona como un rechazo a los términos actuales del proyecto— [21].
Lula ha ido más lejos en el terreno público: acusó a Trump de querer «crear una nueva ONU» de la que él sea «el dueño» [22], y ha reiterado que cualquier reforma del sistema multilateral debe pasar por una ampliación real del Consejo de Seguridad, no por un club paralelo bajo control personal de Washington.
La barbarie institucionalizada
El «Consejo de la Paz» pasará a la historia no como una herramienta de estabilización, sino como la máxima expresión de la decadencia del sistema unipolar. Representa el clímax del neoliberalismo aplicado a la geopolítica: la privatización de la paz, la monetización de la tragedia humana y la transformación de un genocidio en una cartera de bienes raíces frente al Mediterráneo.
Al subordinar la reconstrucción de Gaza a las ambiciones egocéntricas de Donald Trump y al afán de lucro de su círculo íntimo, el Consejo garantiza la perpetuación del sufrimiento palestino.
Hoy, mientras los primeros contingentes de esa fuerza internacional de estabilización se despliegan sobre las cenizas de Gaza para custodiar los cimientos de futuros condominios en lugar de proteger vidas humanas, el espejismo se desvanece.
Simultáneamente, al marginar a la ONU y alienar tanto a aliados europeos como al pujante bloque multipolar de los BRICS+, esta iniciativa acelera inexorablemente la fragmentación y la pérdida de confianza en las instituciones internacionales. El mundo no asiste al alumbramiento de un nuevo orden de paz, sino a la institucionalización de la barbarie con fines de lucro.
Juan Alberto Sánchez Marín. Periodista y director de televisión colombiano. Analista internacional. Colaborador de HispanTV. Director de dXmedio.com
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