El Congreso de Estados Unidos busca frenar el activismo propalestino en los campus mediante restricciones a fondos federales.
Por: Ali Zeraatpisheh
El 3 de septiembre de 2026, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó el proyecto H.R. 4795, denominado Ley de Protección de la Libertad Económica y Académica de 2026, por 237 votos a favor y 169 en contra.
La iniciativa fue presentada por la representante republicana Virginia Foxx y tuvo como único copatrocinador al representante demócrata Josh Gottheimer. El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara informó favorablemente sobre el proyecto, con enmiendas, el 27 de agosto.
La legislación establecería que las instituciones de educación superior que participan en programas federales de ayuda estudiantil no puedan acceder a determinados fondos federales si llevan a cabo lo que el proyecto define como un “boicot comercial no expresivo” contra Israel.
Según el proyecto, dicho boicot consiste en una acción comercial destinada a limitar las relaciones empresariales con Israel o con una entidad constituida, autorizada o regulada conforme a la legislación israelí, cuando dicha acción no esté basada en una razón empresarial válida.
La posible sanción es considerable. Una institución que infrinja esta disposición podría quedar excluida de determinados fondos federales de ayuda estudiantil previstos en la Ley de Educación Superior, incluidos programas que proporcionan becas Pell y préstamos estudiantiles federales.
La legislación también impondría nuevos requisitos de certificación a las instituciones que reciban o soliciten determinados fondos del Título VI destinados a programas de educación internacional.
Estas instituciones tendrían que certificar que los estudiantes y profesores no encuentran obstáculos injustificados para participar en programas académicos en los territorios ocupados por Israel y que los estudiantes y profesores israelíes reciben un acceso comparable a sus programas.
La votación en la Cámara reflejó un respaldo bipartidista a la medida: 203 republicanos y 34 demócratas votaron a favor, mientras que 169 miembros votaron en contra.
En términos prácticos, el proyecto condicionaría el acceso a determinados fondos federales para educación a que las universidades participantes realicen determinados boicots comerciales contra el régimen israelí y, en algunos casos, a la forma en que gestionen los intercambios académicos relacionados con Israel.
La medida ha sido aprobada por la Cámara, pero aún no se ha convertido en ley. Posteriormente fue recibida en el Senado y remitida al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.
@Nexo_Latino
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¿Por qué Israel está en el centro de la disputa?
La batalla política en torno al H.R. 4795 no puede desvincularse de la devastadora agresión genocida de Israel contra Gaza, que ha provocado un elevado número de víctimas palestinas, una destrucción enorme y conclusiones de organismos internacionales sobre graves violaciones del derecho internacional.
Al 17 de junio de 2026, el Ministerio de Salud palestino en Gaza había informado de más de 74 000 palestinos muertos y 174 000 heridos desde el 7 de octubre de 2023.
La destrucción va mucho más allá del número de víctimas. Una evaluación conjunta de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, citada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), concluyó que el 76,6 % de las unidades de vivienda de Gaza habían sido destruidas o dañadas.
La OCHA también informó de que aproximadamente el 93 % de los edificios escolares de Gaza necesitarían una reconstrucción completa o una rehabilitación importante, mientras que más de 63 edificios universitarios habían sido destruidos.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha empleado el lenguaje jurídico más contundente posible para describir la conducta de Israel. El 16 de septiembre de 2025, concluyó que el régimen había cometido cuatro actos genocidas en Gaza y que las autoridades y las fuerzas militares israelíes poseían la intención específica exigida por la Convención sobre el Genocidio.
La Corte Penal Internacional (CPI) también ha tomado medidas. El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Guerra Yoav Gallant. El tribunal afirmó que existían motivos razonables para creer que eran responsables del crimen de guerra de utilizar el hambre como método de guerra, así como de crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
Estas conclusiones ayudan a explicar por qué los boicots y las campañas de desinversión se han convertido en elementos centrales de los debates políticos en los campus estadounidenses. Estudiantes y profesores han buscado romper los vínculos de las universidades con instituciones y empresas israelíes como medio para presionar a Israel para que ponga fin a su guerra genocida contra Gaza.
Es en este contexto donde entra en escena el H.R. 4795. El proyecto haría que la presión económica institucional contra Israel entrañara riesgos financieros para las universidades estadounidenses.
Por ello, observadores consideran la legislación no como una disputa aislada sobre las prácticas comerciales universitarias, sino como un intento de proteger al régimen genocida israelí frente a una de las pocas formas de presión económica pacífica disponibles para las instituciones estadounidenses.
¿Cómo podría afectar el proyecto a la libertad de expresión y la libertad académica?
El proyecto utilizaría el acceso a fondos federales para educación con el fin de influir en la manera en que las universidades estadounidenses se relacionan con el régimen israelí y sus instituciones, otorgando a Washington una importante capacidad de presión sobre decisiones institucionales vinculadas a una cuestión de política exterior altamente controvertida.
Una universidad podría poner en riesgo sus fondos federales de ayuda estudiantil si decidiera poner fin a determinadas relaciones comerciales con el régimen israelí o con entidades israelíes.
Para las universidades que dependen de programas federales, la amenaza sería más que simbólica. Crearía una consecuencia financiera directa por adoptar una posición que el Gobierno federal rechaza.
El representante Jerrold Nadler, quien ha declarado que se opone firmemente al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), anunció el 2 de septiembre de 2026 que votaría en contra del H.R. 4795. Calificó la medida de “directa y flagrante violación de la Primera Enmienda”, argumentando que las protecciones constitucionales no desaparecen simplemente porque el Gobierno discrepe firmemente de una posición política.
La cuestión constitucional es relevante. En el caso NAACP v. Claiborne Hardware Co. (1982), la Corte Suprema de EEUU determinó que los elementos no violentos de un boicot motivado políticamente estaban protegidos por la Primera Enmienda.
El caso se originó en un boicot organizado por afroestadounidenses que buscaban la igualdad racial. El tribunal reconoció la protección constitucional de la libertad de expresión, la libertad de reunión y los esfuerzos destinados a persuadir a otros para que participaran en el boicot.
El H.R. 4795 no determina por sí mismo si sus disposiciones superarían un eventual recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, al vincular la conducta institucional con el acceso a fondos federales, el proyecto crea un poderoso mecanismo de presión financiera.
Washington estaría vinculando un posible coste financiero a las decisiones institucionales relacionadas con Israel, mientras que las universidades tendrían que sopesar sus consideraciones políticas y éticas frente al riesgo de perder el apoyo federal.
La cuestión constitucional central, por tanto, es clara: ¿hasta dónde puede llegar el Gobierno federal al utilizar el poder de la financiación pública para desalentar la presión política y económica pacífica contra Israel?
¿Cuánta influencia tiene el lobby proisraelí en Washington?
La votación en la Cámara también ofrece una perspectiva sobre la maquinaria política que trabaja para configurar las relaciones entre EEUU e Israel en Washington. El Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) afirma abiertamente que trabaja para elegir candidatos que apoyen a Israel y derrotar a legisladores que se opongan a sus objetivos políticos.
Su brazo político, AIPAC PAC, y su super PAC afiliado, United Democracy Project, se han convertido en fuerzas importantes en las elecciones estadounidenses. Las cantidades involucradas son considerables. FactCheck.org informó el 7 de agosto de 2026 de que United Democracy Project había recaudado aproximadamente 104 millones de dólares durante el ciclo electoral de 2026 y había gastado unos 52,5 millones de dólares hasta el 30 de junio.
Durante el ciclo electoral de 2024, el super PAC gastó aproximadamente 61,4 millones de dólares, incluidos 34,8 millones en iniciativas de apoyo u oposición a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes.
La organización también ha demostrado estar dispuesta a gastar grandes cantidades contra legisladores que cuestionan la política estadounidense hacia el régimen israelí.
En las primarias republicanas de 2026 en Kentucky, United Democracy Project gastó más de 3 millones de dólares para oponerse al representante Thomas Massie, uno de los críticos más contundentes del apoyo estadounidense al régimen genocida israelí.
El super PAC también gastó casi 500 000 dólares en apoyo de su rival, Ed Gallrein. Los grupos proisraelíes gastaron más de 9 millones de dólares en las primarias, que FactCheck.org identificó como las primarias más caras para la Cámara de Representantes en la historia de EEUU.
Las propias declaraciones de AIPAC demuestran además que su actividad política se extiende directamente a los debates sobre la política del Gobierno estadounidense. En febrero de 2026, la organización elogió al Congreso por proporcionar más de 4000 millones de dólares en asistencia militar de EEUU a Israel, incluidos 3300 millones de dólares de asistencia anual y 500 millones para cooperación en materia de misiles. AIPAC afirmó que había trabajado con legisladores proisraelíes para conseguir los fondos destinados al régimen que asesina a niños.
El 15 de julio de 2026, AIPAC volvió a elogiar a la Cámara después de que esta rechazara una enmienda de Massie que habría eliminado el paquete de 3300 millones de dólares de asistencia en materia de seguridad.
La organización expresó su agradecimiento a los 314 republicanos y demócratas que votaron contra la enmienda y se comprometió a seguir trabajando para elegir a legisladores que apoyen a Israel.
TrackAIPAC informó de que más de 83 millones de dólares gastados por AIPAC y otros grupos del lobby proisraelí se habían utilizado para apoyar a los 33 demócratas de la Cámara que votaron a favor del H.R. 4795.
En conjunto, estas cifras documentan una extensa red política proisraelí que gasta decenas de millones de dólares para influir en las elecciones al Congreso, apoyar a candidatos afines y oponerse a legisladores que cuestionan determinados aspectos de la política estadounidense hacia Israel.
¿Qué significa el proyecto para Palestina y Gaza?
La conexión con Palestina es directa. El H.R. 4795 se dirige contra los boicots universitarios a Israel, y estas campañas se han convertido en una parte importante del movimiento universitario estadounidense en torno a las acciones genocidas de Israel en Gaza y la Cisjordania ocupada.
Tras el movimiento de resistencia liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra genocida de Israel, estudiantes y profesores de universidades de todo EEUU exigieron la desinversión en empresas vinculadas a Israel y el fin de los vínculos institucionales con organizaciones israelíes.
Reuters informó en abril de 2024 de que los manifestantes de Columbia, Yale, NYU y otras universidades reclamaban la desinversión como parte del movimiento universitario más amplio en torno a la guerra de Gaza.
El propio debate en la Cámara hizo explícita la conexión. Legisladores republicanos argumentaron que “after October 7, universities have become the epicenters of these campaigns” y afirmaron que el H.R. 4795 tenía como objetivo frenar las actividades del BDS.
El Congressional Record también señala que el proyecto establecería requisitos federales destinados a impedir que las universidades adopten este tipo de políticas de boicot en el futuro.
El momento es significativo: a medida que los derechos de los palestinos y la conducta genocida de Israel en Gaza se han convertido en cuestiones importantes en los campus estadounidenses, el Congreso ha avanzado para hacer que la presión económica institucional sobre Israel tenga consecuencias financieras para las universidades.
¿Qué ocurrirá ahora con las universidades estadounidenses?
El proyecto ha sido aprobado por la Cámara, pero aún no se ha convertido en ley. El Senado recibió el H.R. 4795 el 14 de septiembre de 2026 y lo remitió al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.
A 25 de septiembre, el comité registraba el 14 de septiembre como la última actuación sobre el proyecto, sin que constara ninguna votación posterior. Si se promulgara, la medida otorgaría al Gobierno federal una mayor capacidad de presión sobre las universidades que reciben apoyo federal para educación.
Las instituciones podrían poner en riesgo su elegibilidad para programas federales de ayuda estudiantil si participaran en los boicots comerciales contemplados por el proyecto. Esto convertiría una disputa sobre Israel y la política de boicot en una cuestión financiera directa para las universidades estadounidenses.
Las instituciones tendrían que sopesar sus decisiones académicas, comerciales y éticas frente a la posibilidad de perder el apoyo federal. Las consecuencias podrían ser especialmente importantes para las universidades que dependen en gran medida de la ayuda federal para estudiantes para atender a un gran número de alumnos.
La medida también podría tener un efecto disuasorio en los campus estadounidenses. Las universidades podrían mostrarse más cautelosas a la hora de romper vínculos comerciales o académicos con instituciones o empresas israelíes, no necesariamente porque hubieran cambiado de opinión, sino porque las posibles consecuencias financieras habrían modificado el cálculo.
Por tanto, el proyecto otorgaría a Washington un nuevo y significativo mecanismo para influir en la política universitaria respecto al régimen israelí y su genocidio contra los palestinos.
En lugar de dejar estas decisiones exclusivamente en manos de las propias instituciones, el Congreso convertiría el acceso a los fondos federales para educación en un elemento adicional de presión.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
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