Las implicaciones éticas de la medicina en situaciones de genocidio, como en Gaza Palestina, han sido profundas y brutales.
Por Dra Teresa Chomali Kokaly
Las implicaciones éticas de la medicina en situaciones de genocidio, como en Gaza Palestina, han sido profundas y brutales, pues los principios éticos fundamentales —como la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la dignidad humana— se han visto gravemente comprometidos debido a la magnitud de la violencia, la destrucción de infraestructura sanitaria y la crisis humanitaria en curso. Lo anterior ha generado contextos de violencia masiva y violaciones a los derechos humanos.
En Gaza, todos estos principios se han vulnerado de manera sistemática, por lo que, cumplir con la ética médica se vuelve una tarea heroica y muchas veces, inalcanzable. La muerte de médicos, enfermeras y paramédicos, así como la destrucción de hospitales no sólo vulnera el principio de protección sanitaria, sino que esta pérdida de vidas destruye la capacidad de atender a miles de civiles.
Se analiza desde una perspectiva ética, histórica y profesional cómo la medicina se enfrenta a contextos de violencia masiva y violaciones de derechos humanos. La situación en Gaza ejemplifica estos desafíos, donde los profesionales sanitarios deben actuar obligadamente al margen de ellos por haberse convertido en víctimas de las situaciones que los han privado de aquellos mínimos éticos a los cuales se deben.
Este ensayo se ha elaborado recopilando referencias publicadas entra 2023 y 2025 en español e inglés con ayuda de la plataforma de Google academic, scispace y openevidence. Se priorizan artículos académicos, informes de organismos internacionales (OMS, OCHA, MÉDICOS SIN FRONTERAS, UNRWA), declaraciones de asociaciones médicas, análisis bioéticos y reportes periodísticos que documentan la situación en Gaza, la destrucción de la infraestructura sanitaria, la neutralidad médica en conflictos armados y la responsabilidad ética y legal de los profesionales de la salud frente a crímenes de guerra y genocidio.
Ética médica y bioética en contextos de paz y de guerra
En todo el mundo, los profesionales de la salud juramentan para convertirse en médicos de acuerdo con códigos y principios éticos que fueron elaborados para proteger la vida, aliviar el sufrimiento, actuar con justicia y respetar la dignidad humana en circunstancias normales. La ética es el concepto central que garantiza que la medicina siga siendo una fuerza del bien, concebida y dispensada en un marco humanitario para proteger los intereses de las personas vulnerables, de los enfermos y los heridos.
Históricamente, la elaboración de normas éticas ha sido progresiva. Las primeras normas determinadas en el ámbito de la asistencia de salud, como el juramento hipocrático o la plegaria de Maimónides, establecen una lista de los actos aceptables o inaceptables por parte de un médico en cuanto a principios como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Una gran parte de los códigos más modernos derivan de esos códigos. La Declaración de Ginebra, adoptada en septiembre de 1948, revisada en mayo de 2006, el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial AMM, adoptado en octubre de 1949, revisado en octubre de 2006 vinculado a ella, son códigos generales que contemplan la labor de los profesionales de la salud en todas las circunstancias. Ninguno de esos textos establece una diferencia respecto del tiempo de guerra o del trabajo en un conflicto armado, ni indica que los principios y las normas éticas cambian en función de las circunstancias.
En tiempo de guerra, las decisiones que el médico debe tomar difieren, a veces incluso de manera radical, de aquellas que podría tomar en tiempo de paz, a raíz de las amenazas y las circunstancias particulares del conflicto. Los tres principios éticos humanitarios inalterables bajo estas circunstancias son: humanidad, imparcialidad y neutralidad. Estos tres pilares constituyen la base fundamental de diversas regulaciones, tanto nacionales como internacionales. Neutralidad e imparcialidad no son sinónimos y, a menudo, se aplican de forma deficiente, lo que conlleva una pérdida de fe en la humanidad. Neutralidad significa ganar confianza manteniéndose al margen de ideologías políticas, religiosas, raciales o de otro tipo. Por otro lado, imparcialidad significa que las circunstancias pueden variar para cada persona en diferentes conflictos, pero los derechos son los mismos para todos los seres humanos.
En 1948 se dictó el Código de Nüremberg luego de los históricos juicios de Nüremberg (1945-1946) que establecieron precedentes en la ética médica y legal sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo experimentación médica no consentida. En diciembre de 1946, un tribunal militar americano inició procedimientos militares contra 23 médicos alemanes y administradores por su participación voluntaria en crímenes de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos alemanes condujeron experimentos pseudocientíficos de extrema crueldad, utilizando obviamente sin el consentimiento, miles de prisioneros de los campos de concentración. Un ejemplo sobresaliente de la violación de toda ética fue la experimentación médica en humanos, en los campos de exterminio nazi, descrita una de ellas, en el New England Journal of Medicine en su edición de mayo 17 de 1990: “Nazi Science – The Dachau Hypothermia Experiments”. Después de 140 días de juicio, en Julio de 1947, 16 fueron encontrados culpables y siete fueron sentenciados a la horca. Desde allí que se subraya la importancia del consentimiento informado y la protección de los sujetos.
La Declaración de Helsinki de 1964, revisada en 1975 y adoptada por la Asociación Médica Mundial, establece recomendaciones para guiar la investigación en seres humanos. La declaración de Tokio en 1975 enuncia las normas directivas para médicos con respecto a la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes o castigos impuestos sobre personas detenidas o encarceladas.
La Convención de Ginebra (1949) y Protocolos Adicionales establecieron las normas internacionales para la protección de civiles y personal médico en conflictos armados: Prohíben ataques contra hospitales y personal sanitario.
El Estatuto de Roma (1998) celebrado cincuenta años después de los juicios de Nuremberg, permitió a la Comunidad internacional crear un Tribunal Penal Internacional (ICC) permanente. La dramática votación de Roma del día 17 de julio de 1998, que se prolongó hasta altas horas de la noche, aprobó por una abrumadora mayoría el Estatuto para la creación de un ICC por 120 votos a favor y 7 en contra, con 21 abstenciones. Esta votación supuso un gran avance histórico y la conclusión inequívoca de la voluntad de frenar decididamente la impunidad de graves violaciones de Derechos Humanos, vale decir, juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Incluye violaciones graves a la ética médica en contextos de conflicto.
El marco legal internacional vigente aplicable lo constituyen los Derechos Humanos Internacionales, cuyos Instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a la salud y la vida y regulan la conducta en conflictos armados para proteger a personas que no participan en las hostilidades. Incluye la protección del personal médico y la infraestructura sanitaria. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Para darle fuerza legal y moral a la Declaración, la Asamblea General aprobó en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 7 del Pacto establece que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos". Justamente, a través de esta declaración, la sociedad expresa el valor humano fundamental considerado para guiar toda investigación en seres humanos: la protección de los derechos y bienestar de todos los sujetos humanos en la experimentación científica.
El genocidio en Gaza: contexto y consecuencias sanitarias
En el marco del actual e imperfecto derecho internacional, la situación en Gaza desde antes del año 1948, se puede narrar como una larga historia de violaciones de normativas jurídicas, desde la Carta de Naciones Unidas, y su mandato de solución pacífica de los conflictos, a las normas de la guerra, el llamado derecho internacional humanitario; desde los tratados internacionales, los acuerdos a los que las partes se obligan y que las partes violan, a las resoluciones de la ONU o a las órdenes y dictámenes de los tribunales de justicia.
En especial y desde octubre de 2023, la Franja de Gaza ha sido escenario de una ofensiva militar y actos prohibidos que han resultado en la muerte violenta de decenas de miles de civiles, incluidos miles de niños, con la destrucción de hospitales, clínicas y centros de atención primaria según la Convención sobre el Genocidio y lo ha hecho con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Así lo reconoce el informe de Amnistía Internacional, centrado en tres de los cinco actos prohibidos por la Convención que Israel ha cometido: la matanza de miembros de la población palestina de Gaza, la lesión grave a su integridad física o mental y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física.
La Organización Mundial de la Salud confirma que prácticamente todos los hospitales palestinos han sido objeto de ataques. De ahí que los sanitarios sean testigos y narradores de una realidad impensable en un mundo civilizado, portavoces de denuncia de un Israel sin límites.
Este patrón general de conducta de Israel en Gaza, al que hay que añadir las declaraciones de funcionarios israelíes de alto nivel que exhiben intenciones genocidas y una creciente retórica deshumanizadora y racista contra palestinos, sumado a un contexto de apartheid y una ocupación ilegal, proporcionan evidencia de la intención genocida de Israel.
Israel trata a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física, su ofensiva durante más de 27 meses, ha incluido masacres, tanto directas como mediante la creación de condiciones inhabitables, graves daños físicos o mentales a toda la población, la destrucción de infraestructuras básicas en toda la Franja y el desplazamiento forzoso a gran escala, añadiendo la limpieza étnica a la lista de objetivos oficiales de guerra “, resume el reporte de B’Tselem, bajo el título de “Nuestro genocidio”.
“Esto se ve agravado por las detenciones masivas y los abusos contra palestinos en cárceles israelíes, que se han convertido en campos de tortura, y por la destrucción del tejido social de Gaza, incluyendo la destrucción deliberada de campos de refugiados, instituciones educativas, culturales y de organismos de socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina”, campaña que constituye un ataque a la propia identidad palestina.
La ocupación ilegal y el control de Gaza por parte del ejército de Israel infligen consecuencias fatales para la vida y la salud de la población, como es tristemente notorio. Ello es, sin duda, un asunto inherente a la ética de la salud pública, y como tal ha sido denunciado. Todos los conflictos bélicos —y no son pocos los que tienen lugar en nuestro mundo actualmente— atañen a la salud de la población y por ello es imprescindible analizarlos desde ese prisma.
La destrucción de la infraestructura sanitaria ha provocado el colapso del sistema de salud, impidiendo el acceso a atención médica básica, medicamentos esenciales y servicios de emergencia. Esta situación ha exacerbado la morbilidad y mortalidad, especialmente entre los grupos más vulnerables. Asimismo, se denuncia que la devastación en curso implica no solo un genocidio, sino también fenómenos de epistemicidio, culturicidio y ecocidio, al destruir las condiciones materiales y simbólicas de vida de un pueblo. La pieza apela a la responsabilidad de la comunidad académica, sanitaria y científica, invitando a una implicación activa frente a esta catástrofe humanitaria. En el caso de Gaza, la situación es especialmente dramática. Lo es desde hace años, empezando por el colapso del sistema sanitario. Los informes de entidades como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Médicos sin Fronteras, OXFAM o la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública confirman lo que está ocurriendo en la franja de Gaza: destrucción intencionada y sistemática del sistema de salud, epidemias, hambruna, torturas, crímenes contra la Humanidad y todo tipo de atrocidades que nos permiten calificar la situación como genocidio, pero también epistemicidio, escolasticidio, culturicidio, ecocidio, infanticidio o femigenocidio. En ese tenor, el profesor Hanafi sostiene que lo que ocurre en Israel y Palestina sólo puede clasificarse como un espaciocidio; neologismo de su autoría, al que distingue del genocidio porque la memoria de las víctimas palestinas de la Nakba se define por la pérdida del territorio. En ese sentido, la política de las sucesivas administraciones israelíes ha consistido en negar la existencia de la población palestina, declarando irresponsablemente que el territorio estaba despoblado; (“un pueblo sin tierra, para una tierra sin pueblo”, reza el lema del sionismo hegemónico, como bien menciona el profesor Hanafi), y en negar la porción del espacio que es necesaria para que la población palestina tenga una vida independiente, con lo cual los asentamientos judíos ilegales han conformado una política de destrucción del espacio que se ha convertido en sistema y dogma gubernamental de la derecha israelí. En consecuencia, desde el punto de vista de Hanafi, el estado de Israel pone en marcha un espaciocidio: una destrucción sistemática de las condiciones de vida de la población palestina.
Esta horrenda escala de asesinatos y destrucción debe servir de llamada de atención para todo el mundo y conducir a un cambio drástico en el papel que debe jugar la comunidad internacional. (Amnistía Internacional)
Hay que afirmar que simplemente no se trata de un problema de “salud pública” ya que esto puede resultar, incluso, baladí, porque estamos hablando de un genocidio donde el todo, cualquier forma de vida o cultura, se ven amenazados y aniquilados.
Si bien el desarraigo étnico de los palestinos es ampliamente reconocido como es el caso de la negación de la existencia de los palestinos por parte de muchos dirigentes israelíes desde Golda Meir, no hay mucho que lamentar al respecto. La narrativa fundacional de Israel como un Estado para los judíos sólo hizo de “la existencia de una mayoría árabe… un impedimento a ser eliminado”. Esto implicó muchas ironías, incluidas demandas persistentes de reconocimiento de Israel como un Estado exclusivamente judío por parte de la no reconocida (supuestamente inexistente) “nación palestina”.
Incluso antes del ataque actual, Gaza se había convertido en un “infierno en la tierra” como resultado de un asedio prolongado (desde 2007) y tres devastadoras guerras israelíes. Este último ataque no parece casualmente genocida. Las más de 90.000 víctimas (muertos, desaparecidos y heridos) y los dos millones de desplazados no parecen "daños colaterales".
La destrucción inicial y especialmente intencionada de hospitales es, de hecho, un ataque frontal a principios humanitarios fundamentales; nos estamos refiriendo, sobre todo, al principio fundamental en ética del “primun non nocere”, que se ha visto perversamente sustituido por el “primun nocere”, es decir, “primero dañar”, a tenor del tipo de política del gabinete de Netanyahu de dejar morir por inanición y no permitir la entrada de ayuda humanitaria.
La falta de insumos de anestesia, antibióticos, combustibles, agua, materiales quirúrgicos obliga a los equipos médicos a realizar cirugías de urgencia en recintos destruidos por las bombas o en bombardeo constante, rodeados militarmente, sin anestesia, sin analgesia bajo una fuerte carga moral, priorizando vidas con mayor probabilidad de sobrevida en desmedro de tener que abandonar involuntariamente a pacientes que en condiciones normales, podrían salvarse. Junto con ello, los profesionales sanitarios deben permanecer en hospitales bajo ataques para salvar vidas, a veces obligados a evacuar para salvar sus vidas y la de sus familias. También, se han visto obligados a documentar y registrar lesiones compatibles con armas prohibidas por el derecho internacional ya que esto forma parte de su deber ético y profesional.
Fácilmente identificables son los principios esenciales trasgredidos:
1. El Principio de la No maleficencia se ha violado directamente mediante la destrucción de hospitales, ambulancias y clínicas, así como los ataques mortales a personal médico; contradicen el principio de “no hacer daño”, dejando a miles sin acceso a atención médica básica.
2. El Principio de Justicia o Inequidad en el acceso a la salud se ha visto obstruido por el bloqueo y los ataques que impiden hasta el día de hoy la entrada de suministros médicos, generando una distribución injusta de recursos sanitarios y serias dudas sobre la equidad en la protección de la vida.
3. Principio de Autonomía: El desplazamiento forzado, el confinamiento y la falta de acceso a información médica impiden que las personas ejerzan su autonomía sobre su salud y bienestar. Pacientes no pueden elegir tratamientos ni acceder a mínimos éticos debido al colapso del sistema de salud.
4. Dignidad humana y Deshumanización: El trato a civiles como objetivos militares y la exposición prolongada al trauma y la violencia atentan contra la dignidad inherente de cada ser humano. Todo documentado en informes en la ONU, organizaciones de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional.
5. Principio de Beneficencia: La imposibilidad de actuar en beneficio del paciente ha enfrentado a los profesionales de la salud a condiciones extremas, que les impiden brindar atención adecuada, lo que frustra su deber de ayudar. Médicos que han tenido que operar sin anestesia o rechazar pacientes por falta de camas o suministros.
6. Neutralidad médica en crisis: Aunque la ética médica promueve la neutralidad, en Gaza muchos profesionales han sentido la obligación moral de denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos.
7. Responsabilidad internacional: La comunidad médica global enfrenta el dilema de cómo actuar ante un genocidio en curso sin comprometer su seguridad ni su neutralidad profesional.
La ocupación ilegal de Gaza por Israel es, en definitiva, un conflicto entre el respeto y la protección de los derechos humanos, de un lado, y los intereses económicos de distintos actores empresariales y financieros, del otro lado. En junio de 2025, el informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalaba qué corporaciones internacionales y empresas se han estado lucrando con la economía de la ocupación y, ahora, con la economía del genocidio. El desplazamiento, la desposesión y la limpieza étnica del pueblo palestino son rentables para compañías de distintos países —muchas de Estados Unidos, algunas españolas— y entidades financieras. Para que rindan cuenta de todo ello y sean sancionadas, es crucial la presión que ejerza la sociedad civil internacional. (F. Albanese)
El abordaje de este tipo de situaciones puede plantearse conforme a seis grandes principios, (1) Salud justa, distribución equitativa de beneficios y cargas relacionadas con la salud; ello implica también una especial responsabilidad con las poblaciones más vulnerables a los impactos adversos en la salud. (2) Rendición de cuentas por parte de los contendientes respecto a los efectos de la guerra en la población civil, responsabilidad que se extiende a la comunidad internacional. (3) Vidas dignas, lo que supone dar pasos razonables para asegurar que las poblaciones en zona de guerra puedan desarrollar vidas dignificadas, basadas en sus capacidades centrales, tal como las propone la filósofa M. Nussbaum. (4) Sostenibilidad de la salud pública, un requisito de mantenimiento de la capacidad de asegurar la salud para las poblaciones que reciben el impacto de la guerra, tanto durante como después de ella (algo que es especialmente desafiante cuando la guerra es asimétrica). (5) Limitación de los efectos dañinos de la guerra sobre los no combatientes. (6) Maximización de la salud pública, que exige realizar un análisis de consecuencias de la guerra en términos de salud pública, evaluando alternativas eficaces para la protección de los derechos humanos y de la equidad.
¿Qué podemos y qué debemos hacer, en definitiva? El silencio y la inacción no son una opción. La neutralidad, siquiera tácita por omisión, es una forma de complicidad. Siempre lo fue. En septiembre de 2025 ha insistido en ello la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, reclamando el alto el fuego, la protección de infraestructuras y personal sanitario, entre otras medidas. La salud pública ha de estar siempre basada en la equidad y la justicia. Se impone, además, la responsabilidad ineludible de proteger a la población ante crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio, imperativo que corresponde a toda la comunidad internacional en su conjunto, tal y como veíamos arriba.
Ante estos sucesos, es necesario elevar una reflexión conjunta y pública. Entre otros aspectos, nos preguntamos: ¿cómo actuar frente a este genocidio?, ¿trabajar en temas de ética nos hace más responsables?, ¿cómo posicionarnos como profesionales que investigamos en ética y en salud pública?, ¿debemos implicarnos en este asunto, sobre otros, en esta catástrofe humanitaria intolerable?
Este principio, como es lamentablemente visible, no se ha respetado en Gaza. A lo largo de dos años no han asumido esa responsabilidad directa quienes tenían la capacidad de intervenir o mediar para poner fin a la ocupación ilegal y el genocidio. Lo perpetrado en Gaza es, sin duda, un fracaso político y moral. Queda todavía la responsabilidad indirecta de proteger: corresponde ahora como antes a toda la sociedad civil, en todos los países. Desde 1998, perseguir y sancionar a quienes hayan perpetrado crímenes contra la Humanidad, apartheid y genocidio es responsabilidad propia del Tribunal Penal Internacional.
El conflicto bélico que todavía sacude a Gaza es una cuestión bioética, de salud pública y de valores humanos entre otros tantos rostros de la complejísima situación. Pese a las últimas novedades sobre el conflicto, su potencial resolución y las inmensas e irreparables pérdidas, aún permanecen sobre el tablero.
Deseamos manifestar, al fin, nuestro profundo y absoluto rechazo hacia el genocidio de que está siendo víctima el pueblo palestino y a las graves violaciones éticas y humanitarias La destrucción deliberada de hospitales y la imposibilidad de brindar atención médica constituyen violaciones graves a estos principios. Además, la instrumentalización de la medicina con fines militares o políticos por parte de los agresores vulnera el juramento hipocrático y los códigos deontológicos internacionales establecidos luego del término de la Segunda Guerra mundial en 1946
Queremos terminar con un homenaje y un canto de esperanza a través de la poesía. El primero, el homenaje, es para la joven poeta palestina Hiba Kamal Abu Nada (asesinada en Gaza en 2023 víctima de un bombardeo israelí) y en memoria de su novela El oxígeno no es para los muertos (2017), que acabó siendo horriblemente premonitoria.
Y el canto de esperanza lo entonamos de la mano del poeta palestino Marwan Makhoul, y sus versos que han llegado a ser proclama insigne en estos días oscuros:
“Para escribir una poesía que no sea política,
debo escuchar a los pájaros,
Pero para escuchar a los pájaros,
los bombardeos deben cesar”.
Conclusión
El genocidio en Gaza expone la fragilidad de los principios médicos frente a la violencia política y militar y representa una tragedia humanitaria y un desafío ético sin precedentes para la comunidad médica internacional. La ética médica no puede ser ajena al sufrimiento humano ni a las injusticias estructurales que lo perpetúan. En tiempos de guerra, el compromiso con la vida, la equidad y la justicia debe guiar la acción médica y bioética.
Los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad ética de denunciar las violaciones a los derechos humanos y de actuar en defensa de la vida y la dignidad humana. Fundamental se impulse la búsqueda de acuerdos justos que conduzcan a una paz duradera, basada en las resoluciones de Naciones Unidas y los principios de la Paz Internacional.
Asimismo, la ética médica exige una postura activa frente a la injusticia. El silencio o la neutralidad ante el genocidio puede interpretarse como complicidad. Por ello, es imperativo que las instituciones médicas y los profesionales se posicionen claramente en defensa de la salud como derecho humano universal.
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