El arsenal israelí fracasa frente a las escasas capacidades de Yenín multiplicadas por la enérgica resistencia

Mohammad Salami

Dos expertas independientes de la ONU dijeron el miércoles 6 de julio que los “ataques aéreos y las operaciones terrestres” israelíes en el campo de refugiados palestinos de Yenín “pueden en principio equivaler a un crimen de guerra”.

Estos “ataques fueron los más violentos en Cisjordania desde la destrucción del campo de Yenín en 2002”, declararon en un comunicado de prensa estas dos relatoras de la ONU, cuyo mandato lo establece el Consejo de Derechos Humanos pero que no hablan en nombre de la organización.

“Las operaciones de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, que matan y hieren gravemente a la población ocupada, destruyen sus viviendas e infraestructuras y desplazan arbitrariamente a miles de personas, constituyen graves violaciones del derecho y las normas internacionales relativas al uso de la fuerza y pueden constituir un crimen de guerra”, dijeron en declaraciones a AFP.

El ejército de ocupación israelí anunció este miércoles el fin de su operación militar en la Cisjordania ocupada, en la que fueron martirizados 12 palestinos, entre ellos 4 menores.

Al menos, un militar israelí también murió durante un intercambio de disparos con combatientes de la resistencia en Yenín.

La operación lanzada el lunes, la más grande en varios años en Cisjordania, movilizó a cientos de soldados, así como drones y bulldozers del ejército israelí en la ciudad de Yenín y el campo de refugiados adyacente.

Unos 4.000 palestinos fueron evacuados del campo de Yenín durante la noche del lunes al martes tras los mortíferos ataques aéreos, según la relatora sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, y la relatora sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur.

Según estas expertas, los ataques israelíes no estaban justificados por el derecho internacional y “constituyen un castigo colectivo contra la población palestina”.

“Los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado son personas protegidas por el derecho internacional, y tienen garantizados todos los derechos humanos, incluida la presunción de inocencia”, subrayaron, asegurando que “no pueden ser tratados por la potencia ocupante como una amenaza a la seguridad colectiva”.

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